La Ley N° 5189/14 obliga a las entidades públicas, incluyendo las binacionales, a las sociedades anónimas en las que el Estado sea socio mayoritario y a las organizaciones privadas que empleen fondos del mismo, a informar a través de portales en internet sobre sus respectivos recursos administrativos y humanos. Entre otros datos, la información debe contener la nómina de los funcionarios, de los contratados y de quienes ocupan cargos electivos, con las remuneraciones correspondientes, el presupuesto, los detalles de viajes nacionales e internacionales financiados con dinero público y el listado de los comisionados a otras entidades, así como el de los provenientes de estas. Esta muy importante normativa, que permitiría a la ciudadanía enterarse de cómo se gasta el dinero de todos, fue eludida por numerosas entidades, entre otras cosas porque la Secretaría de la Función Pública, pese a depender de la Presidencia de la República, no tiene suficiente peso “político” para supervisar la organización y el funcionamiento de los organismos estatales. Los capitostes de la administración pública la ningunean. Mientras la administración pública no sea sometida a la ley, la corrupción continuará succionando los recursos que deben ser destinados al bienestar de la gente.
La Ley N° 5189/14 obliga a las entidades públicas, incluyendo las binacionales, a las sociedades anónimas en las que el Estado sea socio mayoritario y a las organizaciones privadas que empleen fondos del mismo, a informar a través de portales en internet sobre sus respectivos recursos administrativos y humanos. Entre otros datos, la información debe contener la nómina de los funcionarios, de los contratados y de quienes ocupan cargos electivos, con las remuneraciones correspondientes, el presupuesto, los detalles de viajes nacionales e internacionales financiados con dinero público y el...
Esta muy importante normativa, que permitiría a la ciudadanía enterarse de cómo se gasta el dinero de todos, fue eludida por completo en junio de este año por la Justicia Electoral y nueve municipalidades, según se lee en una resolución dictada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 28 de agosto último. La ministra Cristina Bogado reveló también que, en el mismo mes, 319 entidades la cumplieron a medias y solo 88 a cabalidad. De acuerdo a la ley, los titulares de las entidades públicas que la violen deben ser “castigados con ciento ochenta días de multa”, equivalentes hoy a 14...
Es de esperar que, como dispone la ley, la demanda pertinente sea promovida, en caso necesario, contra Jaime Bestard, titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral, para que sea él quien pague de su propio bolsillo.
Cabe recordar, a propósito, que la miembro María Elena Wapenka había cobrado viáticos para reunirse con jueces electorales del Alto Paraná entre el 2 y el 15 de septiembre de 2015, en la misma fecha en que ella se encontraba en Guatemala observando las elecciones presidenciales, para lo cual también cobró viáticos, naturalmente. Al respecto, el art. 3° de la ley antes referida ordena, en su inc. e), que la información publicada en el portal de internet contenga “detalles de viajes nacionales e internacionales que sean financiados con fondos públicos, incluyendo beneficiario, destino,...
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