Luego de la controversia generada en el Congreso, por las fuertes declaraciones de la diputada liberal Celeste Amarilla hacia sus colegas, con cuestionamientos y críticas, insinuando que el 60% a 70% de los parlamentarios llegó a su banca con dinero sucio, motivo por el cual fue suspendida en sus funciones por el pleno por un […]
Luego de la controversia generada en el Congreso, por las fuertes declaraciones de la diputada liberal Celeste Amarilla hacia sus colegas, con cuestionamientos y críticas, insinuando que el 60% a 70% de los parlamentarios llegó a su banca con dinero sucio, motivo por el cual fue suspendida en sus funciones por el pleno por un lapso de 60 días sin goce de sueldo.
La medida fue tomada con 47 votos a favor de la propuesta presentada por el diputado Basilio Núñez.
Coversamos con el ex Fiscal General del Estado Oscar Germán Latorre, sobre la postura asumida por los legisladores y el mismo sostiene que la polémica planteada con la suspensión impuesta a la diputada Celeste Amarilla por la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados, pone de manifiesto la debilidad de las instituciones que muchas veces facilita la tarea de quienes pretenden convertirse en los únicos intérpretes de la Constitución, pero que siguen manipulando la verdad para confundir a una siempre desatenta e indiferente opinión pública.
La Constitución establece que: “Ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones”. La claridad del texto no ofrece mayores dudas sobre su alcance y el ámbito de aplicación esto es, se limita única y exclusivamente a las acusaciones judiciales que pudiesen ser incoadas contra un legislador por opiniones vertidas en el ejercicio de sus funciones.
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