Recientes noticias de prensa hablan de irregularidades detectadas en la ruta en construcción Villeta-Alberdi, en la parte ya librada al público, que ya presenta un sinnúmero de baches. La explicación dada por un representante del consorcio fiscalizador, en vez de asumir su responsabilidad por haber aprobado un proyecto de ingeniería defectuoso, optó por echarles la culpa a los arroceros de la cuenca del lago Ypoá, quienes con sus canalizaciones habrían tornado “impredecibles” las condiciones para realizar un estudio hidrológico acabado. Siempre hay una excusa, como cuando al poco tiempo de ser habilitada la avenida Costanera Norte sufrió desperfectos en uno de los puentes adyacentes a la calzada. Mientras el costo de las pérdidas que generan las obras públicas defectuosas se siga cargando a los contribuyentes, la corrupción y la impunidad continuarán enquistadas en los organismos del Estado, y la “patria contratista” irá engordando cada vez más.
Al asumir su cargo en el periodo gubernativo anterior, el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, formuló formal promesa de acabar con la endémica corrupción instalada en dicha cartera de Estado de la mano del nefasto binomio conformado por funcionarios agavillados con empresarios viales mafiosos. Harta de la corrupción enquistada en dicha repartición pública desde los tiempos de la dictadura estronista, su promesa fue acogida con esperanza por la ciudadanía, en el convencimiento de que el flamante ministro llevaría consigo a sus nuevas funciones la honestidad...
Lamentablemente, su gestión al frente de dicha cartera de Estado con el mayor presupuesto de inversión de la República no fue mejor que la de sus antecesores en el cargo. Dio la sensación de que siguió el mismo derrotero, y por partida doble, pues al duplicarse la inversión en las obras públicas durante los cinco años de Gobierno del presidente Horacio Cartes, es de suponer que la defraudación al fisco también dobló en monto. En estas condiciones, se puede pensar que se reforzó el patentado sistema viciado, generalizando sobrecostos en la mayoría de las obras viales construidas o...
Inició su política de filantropía pública con el dinero de los contribuyentes con el proyecto que calificó como “la peor herencia” recibida: la avenida Ñu Guasu. La continuó con la ruta Concepción-Vallemí, con un final que desconcertó a la ciudadanía: en el acto de inauguración oficial de la misma, el ministro Jiménez Gaona lanzó la insólita advertencia de que ella no tenía la capacidad de soportar el tránsito de camiones pesados, porque faltaba reforzar la carpeta de rodadura con un recubrimiento de concreto asfáltico de 15 centímetros de espesor, a un costo aproximado de US$ 1,5 millones.
Una de las pocas obras iniciadas y terminadas bajo su gestión fue la ruta que une las localidades de Cruce Guaraní-Corpus Christi-Pindoty Porã, en el departamento de Canindeyú, cuyo costo inicial de US$ 24 millones trepó finalmente a US$ 28,5 millones (19% más). El encarecimiento se debió, supuestamente, a “modificaciones introducidas en la planilla de cantidades”, según la pertinente resolución ministerial.
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