Tuvieron que pasar 24 años tras la crisis financiera de 1995 para que, finalmente, la Corte Suprema de Justicia dicte un fallo, rechazando el recurso de casación que pretendía anular penas dictadas contra el ex presidente y un directivo de la financiera Alfa SA, procesados por defraudación. El hecho demuestra la impresionante lentitud con que el sistema judicial se mueve en muchos casos, acumulando numerosos expedientes sin resolver, en parte deliberadamente para favorecer a algunos acusados, pero en muchos casos por la ineptitud de los jueces y magistrados para resolver los documentos que se acumulan sobre sus despachos. Por excesiva mora judicial se plantea llevar a juicio político al ministro César Garay Zuccolillo, pero son varios más los que deben responder por esta gran deuda pendiente que el sistema judicial mantiene con la ciudadanía.
La medida, adoptada recientemente, es un lamentable ejemplo de lo mucho que puede llegar a tardar el sistema de Justicia, negando el clásico lema de “justicia pronta y barata” que acostumbran esgrimir los juristas.
En este caso, el fallo fue dictado por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Miryam Peña, quienes ratificaron las condenas de tres años y medio de cárcel para Óscar Cáceres Cardozo, ex presidente de la financiera, y a dos años y medio a Óscar Manuel Roa Torres, ex gerente de la entidad. La resolución que condenó a los directivos había sido dictada por el entonces juez Gustavo Santander, el 5 de junio de 2003. Pasaron doce años para que un Tribunal de Apelación confirme el fallo y la aclaratoria se resolvió un año después.
Este proceso, en el que los clientes denunciantes no han podido recuperar el importe de sus ahorros durante la crisis de 1995, en que se malversaron unos 4.900 millones de guaraníes, es solo un ejemplo de la impresionante lentitud con que el sistema judicial se mueve en muchos casos, acumulando numerosos expedientes sin resolver, en parte deliberadamente para favorecer a algunos acusados, pero en muchos casos por la ineptitud de los jueces y magistrados para resolver los expedientes que se acumulan sobre sus despachos.
En el Paraguay la justicia no se da de forma pronta, y mucho menos resulta barata. Hay casos emblemáticos, principalmente de hechos de corrupción de los que se ha acusado a legisladores y ex funcionarios estatales, que llevan años e incluso décadas girando de despacho en despacho, ya sea merced a las chicanas que presentan sus abogados, o por la complicidad manifiesta de jueces, magistrados y funcionarios judiciales.
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