El primero, aliado a su ex ministro de Economía y otros especialistas en finanzas del sector privado representa hoy ni más ni menos a una nueva oligarquía de Chicago Boys que –en parte a espaldas de los empresarios y políticos que los llevaron al poder y al acceso a recursos previsionales y del Tesoro Nacional–, probablemente, solo quieren reproducir el viejo modelo de capturar el Estado para el lucro privado. El problema actual, real o exagerado, con el mentor y financiador original HC, es solo la manifestación de una metamorfosis: Del uniforme militar y los barones de Itaipú, a los caudillos prebendarios e industriales de frontera, ganaderos y sojeros y de estos hacia los banqueros digitales en función de gobierno, supuestamente fondeados con recursos del IPS y derivados de las compras públicas. El Estado ya no ofrece salvaguardia contra el comunismo, sino que vende a los inversores internacionales y a las élites locales “seguridad jurídica” y la promesa de un clima de negocios inalterable a costa de la desregulación ambiental, probablemente financiera para unos pocos, y la contención de los reclamos sociales, con deuda creciente y déficit fiscal en bancarrota, que terminarán pagando los mismos empresarios que apoyan ingenuamente el modelo. El verdadero desafío del siglo XXI es determinar si la ciudadanía será capaz de construir un poder alternativo: Uno que penetre la sociedad no para extraer sus recursos, sino para garantizar de una vez por todas sus derechos fundamentales.
El presidente Peña y el vicepresidente Alliana son dos figuras artificiales dentro de la política paraguaya en general y colorada, en particular, que fueron impuestas por el poder real que reside en Cartes. De eso nadie tiene dudas. Hoy el segundo se queja de que quieren aplicarle una imposición de la cual ellos se beneficiaron en el seno partidario, desplazando a líderes naturales de la ANR. Ninguno de los dos que ejerce el Poder Ejecutivo tenía ningún peso específico propio. A los empresarios y políticos que los alquilaron, su propia creación, se les fueron de las manos. El primero,...
Tilly, por su parte, desnudó la génesis estatal al definir al Estado como un “negocio de protección”. Quienes ostentan el monopolio de la violencia crean una amenaza real o percibida y luego le cobran a la sociedad por protegerla de ese peligro.
El Gobierno de Peña representa el hito más reciente en la refinación de este modelo. Bajo la lente de Mann, la administración de Peña muestra cómo el poder infraestructural del capital financiero semiformal ha tomado directamente el timón del Estado. Mientras, falacias narrativas, como los proyectos del Hambre Cero centralizan recursos claves en el Ejecutivo y canalizan millonarios fondos a través del sistema financiero y clientes políticos, convirtiendo una política social en una oportunidad de negocios.
Desde la perspectiva de Tilly, Peña ha reformulado el “negocio de protección”. El Estado ya no ofrece salvaguardia contra el comunismo, sino que vende a los inversores internacionales y a las élites locales “seguridad jurídica” y la promesa de un clima de negocios inalterable a costa de la desregulación ambiental, probablemente financiera para unos pocos, y la contención de los reclamos sociales, con deuda creciente y déficit fiscal en bancarrota, que terminarán pagando los mismos empresarios que apoyan ingenuamente el modelo. Se viene una suba de impuestos.
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