“La Fiscalía ha procedido a imputar a personas que se han reunido, amenazando con penas de cárcel o multas millonarias supuestamente por el no uso de tapabocas de varios de ellos en determinado momento del acto”, expresaron, advirtiendo que la Constitución garantiza reunirse y manifestarse pacíficamente sin permiso.
Subrayan los casos de Diana Bañuelos, miembro de Codelucha, y el escritor Miguel Ángel Fernández, docente y militante por los derechos humanos, ambos citados a declarar.
Anoche un grupo de ciudadanos protestó frente a la Fiscalía General contra su titular Sandra Quiñónez. Dijeron que la institución es usada como un “garrote” al estilo “Pastor Coronel” contra los ciudadanos que reclaman, mientras duermen los casos de corrupción. Exigieron su destitución.
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