La lenta acción fiscal en el caso Salud favorece a la impunidad

A casi dos meses de las primeras denuncias sobre graves irregularidades en las millonarias compras de insumos médicos en el marco de la pandemia de Covid-19, hasta ayer la Fiscalía no tenía ni un solo imputado, a pesar de las evidencias detectadas en informes de la Contraloría y la Comisión Giuzzio y de denuncias criminales presentadas por diputados y el propio ministro de Salud. La excesiva lentitud fiscal y judicial favorece la presunción de que hay padrinos políticos tras las mafias empresariales, a quienes se busca proteger con la impunidad. Si el caso acaba en el oparei o solo alcanza a chivos expiatorios, afectará a la confianza ciudadana en la lucha contra el coronavirus.

Como se recordará, a principios de abril el Ministerio de Salud había adjudicado una primera compra de insumos médicos y equipos hospitalarios a las empresas Eurotec SA e Insumos Médicos SA, de propiedad del llamado Clan Ferreira, en dos contratos que suman 80.000 millones de guaraníes, otorgándoles un anticipo de 17.000 millones, con el objetivo de equipar los hospitales públicos para enfrentar a la pandemia, mientras se pedía a la población que guarde estrictas medidas de cuarentena.

Sin embargo, el avión carguero llegó desde China con retraso el 18 de abril y ya desde un primer momento se denunció que los equipos no reunían las especificaciones técnicas requeridas.

Con el correr del tiempo surgieron varios indicios de irregularidades. Un lapidario informe final de la Contraloría General de la República, dado a conocer el 20 de mayo, indica que la operación de compras al Clan Ferreira estuvo viciada de irregularidades “en todas sus etapas”. Un informe más reciente de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras, presidida por el ex fiscal anticorrupción Arnaldo Giuzzio, agrega evidencias más relevantes, incluyendo que los miembros del Comité de Evaluación del Ministerio de Salud habrían aprobado la compra en una fecha posterior a la...

Sin embargo, hasta ahora, a casi dos meses de instauradas las primeras denuncias, no existen imputaciones. La excesiva lentitud fiscal y judicial favorece la presunción de que hay padrinos políticos tras las mafias empresariales, a quienes se busca proteger con la impunidad. Si el caso acaba en el oparei o solo alcanza a chivos expiatorios, afectará a la confianza ciudadana en la lucha contra el coronavirus.