En febrero último, la ciudadanía se enteró de que en la Justicia Electoral se robaban fondos públicos previstos para el pago de viáticos y de que los principales beneficiarios fueron nada menos que los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE): Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka. Desde entonces, transcurrieron seis meses sin que ni el Ministerio Público ni el Congreso hayan tomado ninguna medida con respecto a ellos, pese a que estos magistrados devolvieron importantes sumas, es decir, admitieron de hecho haber delinquido. Hasta la fecha, los fiscales de Delitos Económicos Hernán Galeano y Silvia Cabrera no los han imputado. Los magistrados devolvieron el dinero mal habido en 2015, como una maniobra para evitar ser enjuiciados, lo que no debería sorprender, considerando que la Justicia Electoral es un botín de la clase política. Los fiscales ponen todo su empeño cuando persiguen a ladrones de gallinas, pero sienten parálisis cuando deben investigar a intocables con respaldo político.
En febrero último, la ciudadanía se enteró de que en la Justicia Electoral se robaban fondos públicos previstos para el pago de viáticos y de que los principales beneficiarios fueron nada menos que los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka. Desde entonces transcurrieron seis meses sin que ni el Ministerio Público ni el Congreso hayan tomado ninguna medida con respecto a ellos. Ramírez Zambonini fue imputado solo por haber inducido a sus subordinados al cobro indebido de honorarios, pero no así por el delito...
Hasta la fecha, los fiscales de Delitos Económicos Hernán Galeano y Silvia Cabrera no han imputado a las máximas autoridades de la Justicia Electoral, con el pretexto de que sería una causa muy compleja en la que son muchos los funcionarios investigados. Es claro que no necesitan concluir las investigaciones en curso con respecto a 74 funcionarios que también cobraron viáticos, para tener desde ya indicios vehementes sobre la responsabilidad penal de Bestard, Ramírez Zambonini y Wapenka. Tampoco podrían aducir que necesitan indagar si los hechos punibles que se les atribuyen empezaron antes...
No debería sorprender que con el paso que dieron obtengan el resultado que pretenden, considerando que la Justicia Electoral es un botín de la clase política.
Todo indica que, pese a todas las irregularidades reveladas en los últimos tiempos en su seno, los legisladores están muy satisfechos con la gestión del TSJE. Es que siempre este tribunal ha estado dispuesto a mantener con generosidad a sus respectivos operadores políticos. Se comprende, entonces, que en el Congreso no abunden las críticas a los tres magistrados “distraídos” y que a ninguno de sus miembros se le ha ocurrido hasta ahora promover un juicio político por delitos cometidos en el ejercicio del cargo o, al menos, por mal desempeño de funciones. Los políticos guardan un profundo...
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