Luchar contra la globalización no sólo es contraproducente: es inútil. Es contraproducente, porque una de las consecuencias imprevistas de la globalización es la benéfica batalla contra la corrupción. La globalización nos lleva a comportarnos mejor. Cuando los países estaban aislados, realmente importaba poco si la nación hache o be eran corruptas. Hoy, que se integran en grandes circuitos, la corrupción del otro nos perjudica mucho más directamente.
Luchar contra la globalización es, además, inútil. Reinan su majestad Internet y las redes sociales. Todo se sabe instantáneamente y hay algún costo electoral para las desvergüenzas. Dentro de la Unión Europea, y dentro de cada sociedad, hay cada vez menos paciencia con naciones como Grecia, Rumania, Italia, Portugal y España que tienen prácticas corruptas. Por lo pronto, hace años que figura en el código penal la figura de “conflicto de intereses”. Hasta hace pocos años las empresas alemanas podían deducir los sobornos de sus costos habituales de hacer negocios. Eso ya no se puede hacer.
La tendencia, pues, impuesta por la globalización, es favorable. Ya no hay glamour en la corrupción. En Cuba, cuando yo era adolescente, no existía sanción moral contra la deshonestidad en la administración de los bienes públicos. Se contaban chistes sobre los políticos ladrones y mucha gente aspiraba a ser “inspector de Hacienda” o de cualquier cosa con el objeto de “forrarse”. Esa actitud, presente en casi toda América Latina, ya no es de recibo. Existe, pero tiene un costo social. Por algo se empieza.
Grosso modo, en el mundo hay 180 naciones que merecen ser llamadas de esa forma. Aproximadamente 150 son medularmente corruptas. Así ha sido siempre. El poder económico alimenta a los mandamases y los mandamases aumentan los recursos del poder económico. Son dos esferas sociales que se complementan y refuerzan mutuamente. Esto sucede en los regímenes dictatoriales y en las imperfectas democracias del planeta.
La corrupción hace mucho daño. Genera una creciente atmósfera de cinismo. Desmiente el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, lo que es fatal para la democracia. Entorpece la competencia. Desalienta el esfuerzo personal: ¿para qué estudiar y hacer las cosas bien si el éxito económico depende de las relaciones? Encarece los precios. Todos son inconvenientes.
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