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La Fiscalía consiguió lo que quería en el caso Ulises Quintana: la prórroga por seis meses más de la investigación sobre la supuesta vinculación del legislador con el acusado de narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña, que hasta ahora no se ha podido comprobar con pruebas irrefutables, lo que confirma que el diputado altoparanaense es un “peligro” para los intereses tanto de Javier Zacarías Irún como de otros sectores políticos que tratan de heredar el poder del clan en la intendencia de CDE.
Encuestas encargadas por el liderazgo de Colorado Añetete habrían demostrado que Ulises no tendría mucha influencia política en Ciudad del Este, como justificación para desechar la candidatura del legislador a intendente hasta diciembre de 2020 y para evitar la explicación que, en realidad, se lo está marginando por estar preso en Viñas Cué gracias a la intermediación de la fiscalía a cargo de Sandra Quiñónez, una creatura de HC.
Los fiscales Lorena Ledesma e Isaac Ferreira han resultado ser funcionales a la entente política armada esta vez para “unificar” el veto a la candidatura de Ulises, favoreciendo los intereses tanto de Añetete como del mismo zacariísmo, con un proceder más que dudoso, ya que en seis meses de investigación no se ha podido demostrar la implicancia de Quintana en la red de “Cucho”.
Al no tener pruebas contundentes para llevar a juicio a Quintana por conexión con el narcotráfico y otros delitos, tras seis meses de indagar sobre los antecedentes del detenido, lo indicado era dejarlo en libertad tras vencer el plazo legal, lo que hubiera llevado a que Añetete, sin medir pretextos, le nominara en forma inevitable como candidato colorado a la intendencia de CDE.
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