MONTEVIDEO, — En Uruguay podría haber un colapso en el sistema sanitario público, que recibió una avalancha de nuevos pacientes por la crisis económica generada a partir de la pandemia de COVID-19, dijo a Sputnik el secretario de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez. El 14 de agosto, el secretario nacional de trabajadores tercerizados de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, José Ríos, dijo a Sputnik que el afán del Gobierno uruguayo de realizar recortes en todas las áreas del Estado está llevando a la salud por el camino de la privatización. El senador opositor Mario Bergara señaló el 11 de agosto a la radio M24 que el Gobierno recortó en pandemia 400 millones de dólares y posiciona a Uruguay en un lugar «vergonzoso» en la región, entre los países que menos destinaron para paliar la crisis ocasionada por el COVID-19. Vacuna contra el COVID-19 Además, Bermúdez dijo que la Federación Uruguaya de la Salud expresó su preocupación ante la escasa información por parte del Gobierno sobre el acceso a la vacuna contra el COVID-19. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay detectó el 18 de agosto 28 casos nuevos de COVID-19, lo que lleva la totalidad a 1.485 positivos desde el 13 de marzo, cuando el Gobierno declaró la emergencia sanitaria por la aparición de los primeros infectados en el país.
MONTEVIDEO, — En Uruguay podría haber un colapso en el sistema sanitario público, que recibió una avalancha de nuevos pacientes por la crisis económica generada a partir de la pandemia de COVID-19, dijo a Sputnik el secretario de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez.
«Podría ocurrir un colapso en el sistema público (…) muchos trabajadores dejaron el sector privado, lo que está generando un cuello de botella en Asse [Administración de los Servicios de Salud del Estado]. Estamos hablando de que el sector público tiene entre 70.000 y 80.000 afiliados nuevos», dijo a Sputnik Bermúdez.
El Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay da acceso universal a todos los residentes en el país.
La oferta se divide en público y privado y, como ocurre en la mayoría de países con sistemas mixtos, la atención brindada por los prestadores públicos queda restringida a la población de menores ingresos.
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