ASUNCIÓN.- El pasado 9 de octubre del 2017, el presidente de la República, Horacio Cartes, eligió a la fiscal antisecuestro Sandra Quiñónez para ser la nueva titular del Ministerio Público. La misma debe tener el acuerdo de la Cámara de Senadores, pero ya pasaron más de tres meses sin que hasta ahora se hayan pronunciado …
ASUNCIÓN.- El pasado 9 de octubre del 2017, el presidente de la República, Horacio Cartes, eligió a la fiscal antisecuestro Sandra Quiñónez para ser la nueva titular del Ministerio Público. La misma debe tener el acuerdo de la Cámara de Senadores, pero ya pasaron más de tres meses sin que hasta ahora se hayan pronunciado sobre el tema y solo tenían 30 días hábiles.
En ese sentido, los parlamentarios violan la Ley n° 5.208 que establece plazos para la designación, nombramiento o prestación de acuerdos para el ejercicio de cargos públicos. La normativa establece en su artículo 3, que se refiere a nombramiento. “El Presidente de la República deberá nombrar al candidato a ocupar el cargo de fiscal general del Estado, dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la terna propuesta por el Consejo de la Magistratura”.
Asimismo, en su artículo 4°, donde habla de acuerdo constitucional, dice “La Cámara de Senadores deberá prestar o no el acuerdo, dentro del plazo de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de la fecha de la recepción de la comunicación del Presidente de la República, sobre el nombramiento del fiscal general del Estado, y la designación o proposición de los candidatos a ministros, embajadores, ministros plenipotenciarios en el exterior, residente y directores del Banco Central del Paraguay, directores paraguayos de entidades binacionales, y los ascensos militares y policiales o...
Explica también que el presidente de la República deberá prestar o no el acuerdo dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, contado a partir de la recepción de la comunicación de la Cámara de Senadores sobre la designación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, respectivamente.
Leer la nota completa en ADN Digital
