Cuando el Ministerio Público no haya acusado y el juez considera admisible la apertura a juicio, ordenará que se remitan las actuaciones al fiscal general del Estado para que acuse o ratifique el pronunciamiento del fiscal inferior. La norma señala que cuando el juez no esté de acuerdo con el pedido fiscal, y considera que debe elevar el caso a juicio oral, lo remite a la Fiscalía General que solo tiene dos opciones: acusar o ratificar el pedido del fiscal. 358 del Código Procesal Penal solo faculta a la Fiscalía General del Estado a acusar o ratificar el pronunciamiento del fiscal inferior, aun cuando esta afirmación en principio pudiera ser acertada si se limita la interpretación exclusivamente a la literalidad de la ley”. Es más, apunta: “La interpretación correcta del artículo debe realizarse a la luz de la Constitución y siguiendo los parámetros de una interpretación sistemática y teleológica que tome como punto de inicio la función del Ministerio Público y concretamente la de la Fiscalía General del Estado, lo que lleva a la conclusión de que no se puede invertir la carga constitucional y poner al fiscal subordinado por encima del superior jerárquico”.
“Las normas procesales que coarten la libertad personal, limiten el ejercicio de las facultades conferidas a las partes o establezcan sanciones procesales se interpretarán restrictivamente. La analogía y la interpretación extensiva estarán prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos y facultades”. Esto dice el artículo 10 del Código Procesal Penal. En otras palabras, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido. Por lo menos, eso dice el principio de legalidad de Derecho Público, según nos enseñaron en la facultad.
Con ello, la norma solo establece que la analogía y la interpretación extensiva en el proceso penal, se pueden dar cuando favorezcan al procesado o al ejercicio de sus derechos.
La cuestión está en que las interpretaciones de la Sala Penal hacen que la Corte se convierta en un órgano legislativo, ya que cambia la ley, la pervierte, cuando hace interpretaciones solo para favorecer a una parte, en este caso, el Ministerio Público. Me refiero específicamente al artículo 358 del Código Procesal Penal. Para que ustedes lo lean, lo transcribo in extenso. “Falta de acusación. Cuando el Ministerio Público no haya acusado y el juez considera admisible la apertura a juicio, ordenará que se remitan las actuaciones al fiscal general del Estado para que acuse o ratifique el...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora