A solicitud del ministro Eugenio Jiménez Rolón, el pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender, con goce del sueldo básico, a la jueza Isabel Bracho. La magistrada enfrenta imputaciones formuladas por el Ministerio Público por presuntamente haber recibido 50.000 dólares para favorecer al narcotraficante Walter José Galindo Domínguez durante su proceso penal.
Bracho está imputada de los delitos de cohecho pasivo, frustración de la persecución penal y realización del hecho por funcionarios, según detalla la imputación presentada por la Fiscalía.
Según el relato del agente fiscal, durante el proceso judicial de Galindo, la jueza habría recibido el mencionado monto con el objetivo de otorgarle beneficios irregulares, incluyendo medidas cautelares menos gravosas. La investigación indica que, con la participación de su actuaria judicial, se habrían expedido actas y providencias de manera irregular, que culminaron en el otorgamiento de arresto domiciliario, permisos especiales y, finalmente, una salida procesal favorable para el imputado, pese a existir una orden de captura vigente por violación de sus medidas.
Entre las pruebas recabadas por el Ministerio Público se encuentran actas redactadas sin la presencia del procesado, providencias firmadas únicamente por la actuaria judicial, escuchas telefónicas que evidenciarían negociaciones para beneficios indebidos y resoluciones basadas en informes médicos presuntamente falsificados.
La gravedad de las sospechas contra la jueza se acentúa debido a que, según el Ministerio Público, habría facilitado un sobreseimiento definitivo mediante la aplicación de un criterio de oportunidad, lo que habría beneficiado de manera indebida al procesado.
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