Una mayoría de la Corte estaría de acuerdo con mantener el Consejo de Administración Judicial, pese a que el mismo es claramente inconstitucional e ilegal. Además de tener una duplicación de funciones con otras direcciones del Poder Judicial, anualmente le cuesta a la ciudadanía G. 2.687 millones.
Un encendido debate entre los ministros se registró en la plenaria de la Corte del miércoles pasado, cuando se trató la supresión o no del criticado Consejo de Administración Judicial, CAJ. Un grupo defendió la permanencia del referido órgano, mientras que otro cuestionó su propia constitucionalidad, la duplicación de funciones y excesivo costo de la misma, para un trabajo igual al que hacen otras direcciones.
El ministro Luis María Benítez Riera fue el que más defendió la permanencia del CAJ y aseguró que no hay delegación de responsabilidad de parte de los ministros a los consejeros, lo cual está prohibido por Constitución.
Dijo que cuando el citado órgano “estuvo en su plenitud”, los ministros pudieron dictar más fallos, ya que se desligaron de las cuestiones administrativa. Pidió considerar una nota de Usaid/Paraguay, en donde se propone, entre otras cosas, una reorganización del CAJ.
La postura de Benítez Riera fue respaldada por su colega Carolina Llanes, quien señaló que si desaparece el CAJ se atentaría contra la transparencia en el Poder Judicial. Añadió que su implementación fue un avance.
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