La Corte castra las instituciones de control - Edicion Impresa - ABC Color

La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad del MOPC contra la Ley N° 2248/03, que encarga a la Contraloría General de la República la auditoría de las cuentas públicas y reserva al Tribunal de Cuentas el juzgamiento de los casos contencioso-administrativos. La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contra la Ley N° 2248/03, que encarga a la Contraloría General de la República la auditoría de las cuentas públicas y reserva al Tribunal de Cuentas el juzgamiento de los casos contencioso-administrativos. 265 de la Constitución se limita a establecerlo y a decir que “la ley determinará su composición y su competencia”, de modo que la Convención Constituyente no le encomendó al Tribunal de Cuentas auditar la ejecución y la liquidación de los Presupuestos, pero sí a la Contraloría, lo que resulta lógico para evitar una superposición de funciones. La única razón que se invocó aquella vez, y se reiteró en otros casos, es que la Ley N° 2248/03 nada dispuso en cuanto al destino de los procesos en aquel entonces en trámite en la Primera Sala del Tribunal de Cuentas, con lo cual la Segunda habría recuperado la potestad de revisar la ejecución y liquidación presupuestarias de las entidades públicas, sin que la Contraloría perdiera la suya. ...[Leer más]