La Corte castra las instituciones de control - Edicion Impresa - ABC Color

La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad del MOPC contra la Ley N° 2248/03, que encarga a la Contraloría General de la República la auditoría de las cuentas públicas y reserva al Tribunal de Cuentas el juzgamiento de los casos contencioso-administrativos. Los que impugnan dicha ley están mucho más interesados en lograr impunidad para ellos y otros altos funcionarios públicos que el imperio de la Constitución, cuyo art. 283 faculta a la Contraloría a revisar la ejecución y la liquidación de todos los presupuestos públicos, no solo de algunos. Lo que ocurre es que los malversadores prefieren eludir a la Contraloría para que ella no denuncie directamente a la justicia ordinaria y al Ministerio Público los hechos ilícitos de los que tenga conocimiento en sus intervenciones. La canallada de castrar a la Contraloría solo se entiende en el marco de la desfachatez generalizada en la Administración Pública. ...[Leer más]