La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad del MOPC contra la Ley N° 2248/03, que encarga a la Contraloría General de la República la auditoría de las cuentas públicas y reserva al Tribunal de Cuentas el juzgamiento de los casos contencioso-administrativos. Los que impugnan dicha ley están mucho más interesados en lograr impunidad para ellos y otros altos funcionarios públicos que el imperio de la Constitución, cuyo art. 283 faculta a la Contraloría a revisar la ejecución y la liquidación de todos los presupuestos públicos, no solo de algunos. Lo que ocurre es que los malversadores prefieren eludir a la Contraloría para que ella no denuncie directamente a la justicia ordinaria y al Ministerio Público los hechos ilícitos de los que tenga conocimiento en sus intervenciones. La canallada de castrar a la Contraloría solo se entiende en el marco de la desfachatez generalizada en la Administración Pública.
La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) contra la Ley N° 2248/03, que encarga a la Contraloría General de la República la auditoría de las cuentas públicas y reserva al Tribunal de Cuentas el juzgamiento de los casos contencioso-administrativos.
Con este fallo, el ministro Ramón Jiménez Gaona logró lo que buscaba: que las malversaciones cometidas bajo la presidencia de Daniel Garay en la Comisión Nacional del Río Pilcomayo sean examinadas solo por la Segunda Sala del citado tribunal.
Este ministro confía en que el fiscal de Cuentas y su decena de contadores, que están verificando los gastos de más de cien entidades públicas que promovieron con éxito la misma acción de inconstitucionalidad, no sean muy puntillosos, que se porten “amistosamente” con el ministerio, al igual que los jueces. Es inevitable pensar que es porque ya tiene garantías de que estos jueces y fiscales serán genuflexos ante el poder político.
Es decir, estamos ante la misma maniobra que utilizaron, en su momento, el expresidente de la Corte Antonio Fretes; el expresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral Juan Manuel Morales; el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón; el expresidente de la Cámara Baja Víctor Bogado; los exgobernadores Silvio Ovelar y Luis Sarubbi; el exjefe de la Secretaría de Emergencia Nacional Camilo Soares; la intendente municipal Sandra McLeod y su excolega Martín Burt, que salieron del Tribunal de Cuentas como palomas blancas, limpios de polvo y paja.
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