La incorporación de sistemas de inteligencia artificial (IA) en el ámbito judicial está permitida, pero bajo estrictas condiciones. De acuerdo con las reglas establecidas, la Corte Suprema de Justicia refuerza que estas herramientas solo pueden funcionar como apoyo y nunca como sustituto del criterio humano en la toma de decisiones.
En ese sentido, se establece de forma clara que la IA no reemplaza a magistrados ni funcionarios en sus funciones, y que debe mantenerse en todo momento un control humano adecuado en los procesos donde se utilicen estos sistemas. Esto incluye la obligación de preservar el análisis independiente del juez, la valoración de pruebas, la aplicación de la legislación vigente y cualquier otro elemento relevante en la resolución de casos.
El marco normativo habilita a los integrantes del sistema judicial al uso de inteligencia artificial únicamente con fines auxiliares y siempre bajo supervisión humana. Entre los usos autorizados se encuentran: Apoyo en la investigación jurídica y análisis de precedentes. Organización y sistematización de información procesal y sustantiva. Elaboración de borradores de documentos, que deben ser revisados por el magistrado. Generación de resúmenes y síntesis de grandes volúmenes de textos. Traducción de documentos y audios. Diseño de presentaciones y visualizaciones. Apoyo en tareas...
Así como la exploración de enfoques alternativos o críticos en cuestiones jurídicas o administrativas. Simplificación de textos legales para hacerlos más claros y accesibles.
En todos los casos, los resultados generados por IA deben ser verificados, contrastados con fuentes confiables y validados por el responsable humano.
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