Con la evidente intención de asegurar la impunidad de peces gordos del crimen organizado y de la política, el Senado rechazó un proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados, que suspende durante dos años la entrada en vigencia de la Ley N° 4669/12 que dispone que los procesos penales se extingan necesariamente al cabo de tres años. Esto significa que, dentro de nueve días, el 7 de setiembre fenecerán, en palabras del senador Arnaldo Giuzzio, “grandes casos de corrupción pública, narcotráfico y secuestro”, salvo que cuanto antes los diputados se ratifiquen en su decisión por mayoría absoluta, que los senadores no obtengan la mayoría absoluta de dos tercios para volver a rechazarla y que el Poder Ejecutivo promulgue de inmediato la ley, antes de esa fecha. Grandes nombres de la política y de la función pública están vinculados con sonados procesos, en la mayoría de los casos por presunta malversación de fondos públicos. La única explicación de la premura de los senadores que rechazaron el proyecto de los diputados es que les urge que sean sobreseídos algunos procesados por los hechos punibles referidos.
Con la evidente intención de asegurar la impunidad de peces gordos del crimen organizado y de la política, el Senado rechazó un proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Diputados, que suspende durante dos años la entrada en vigencia de la Ley Nº 4669/12 que dispone que los procesos penales se extingan necesariamente al cabo de tres años. Esto significa que, dentro de nueve días, el próximo 7 de setiembre fenecerán, en palabras del senador Arnaldo Giuzzio, “grandes casos de corrupción pública, narcotráfico y secuestro”, salvo que cuanto antes los diputados se ratifiquen en su decisión por...
Grandes nombres de la política y de la función pública están vinculados con sonados procesos, en la mayoría de los casos por presunta malversación de fondos públicos. Entre ellos figuran el extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Soares; los actuales senadores Víctor Bogado y Enzo Cardozo; los diputados Óscar Núñez y José María Ibáñez; el exministro del Interior Rafael Filizzola, y el extitular del Indert Luis Ortigoza, para citar solo algunos.
Dado el escaso tiempo que resta, es muy improbable que por la vía legislativa se logre impedir la impunidad de personas que habrían cometido graves delitos, dentro y fuera de la función pública. Por algo los juicios que involucran a los mencionados personajes han venido siendo trabados por repetidas chicanas, sin que la máxima autoridad judicial obligara a los jueces a aplicar estrictamente la ley para superar estos artilugios antijurídicos.
Sin duda, la seguridad jurídica exige que las causas penales concluyan alguna vez, aunque no se haya dictado una sentencia definitiva, por lo que se estableció para el efecto el plazo de cuatro años. En 2012, se promulgó la Ley 4669, que redujo dicho plazo a tres años, pero ese mismo año la Ley 4734 suspendió la vigencia de este último plazo, de modo que siguió el de cuatro años.
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