El juez Humberto Otazú resolvió rechazar la acción de amparo constitucional promovida por el abogado Ricardo Preda, en representación de las firmas Frigomerc S.A. y Beef Paraguay S.A., contra la Municipalidad de Asunción. Las empresas buscaban frenar los efectos de la Ordenanza Nº 197/25, que regula y restringe el tránsito de ganado en pie hacia […]
El juez Humberto Otazú resolvió rechazar la acción de amparo constitucional promovida por el abogado Ricardo Preda, en representación de las firmas Frigomerc S.A. y Beef Paraguay S.A., contra la Municipalidad de Asunción. Las empresas buscaban frenar los efectos de la Ordenanza Nº 197/25, que regula y restringe el tránsito de ganado en pie hacia zonas urbanas de la capital.
La acción había sido presentada el 15 de noviembre, cuando el representante legal de las industrias cárnicas alegó que la normativa municipal violaba derechos fundamentales como el libre tránsito, la libre concurrencia y la libre circulación de productos, garantizados por la Constitución. Preda sostuvo que la Ordenanza imponía una “prohibición lesiva”, dictada en plazos “arbitrarios” y cuyos efectos, según afirmó, constituían una amenaza inminente para el normal funcionamiento de los frigoríficos emplazados en la zona de influencia de la regulación.
En su escrito, el accionante argumentó que la aplicación de la Ordenanza 197/25 ocasionaría perjuicios graves, directos y tangibles e insistió en que el amparo era la única vía inmediata para evitar la lesión inminente, citando los presupuestos establecidos en el art. 134 de la Constitución Nacional. Además, solicitó una medida cautelar de urgencia, amparado en el art. 571 del Código Procesal Civil, a fin de que la Municipalidad se abstuviera de aplicar la normativa mientras durara el proceso.
El Juzgado dio trámite al pedido y dictó inicialmente una medida cautelar, ordenando a la Municipalidad abstenerse de aplicar la Ordenanza hasta el análisis de fondo del caso. Asimismo, requirió a la Comuna un informe detallado sobre el acto impugnado. El pasado 19 de noviembre, la abogada Sonia Martínez Adorno, en representación del municipio, elevó su informe y solicitó el rechazo in límine del amparo.
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