El juez de garantías Humberto Otazú ratificó la convocatoria para los días 29 y 30 de abril a fin de llevar adelante la audiencia preliminar preliminar de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR) y otras 13 personas acusadas por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal. El magistrado rechazó tres recursos […]
El juez de garantías Humberto Otazú ratificó la convocatoria para los días 29 y 30 de abril a fin de llevar adelante la audiencia preliminar preliminar de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR) y otras 13 personas acusadas por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal. El magistrado rechazó tres recursos de diferentes procesados.
Uno de los recursos fue promovido por el abogado Rodrigo Yódice en representación de Corvalán, quien sostuvo que la convocatoria a audiencia preliminar vulnera el art. 454 del Código Procesal Penal, debido a la existencia de un recurso de apelación general pendiente contra una resolución del Tribunal de Apelación, lo que, a su criterio, tiene efecto suspensivo e impide avanzar en la etapa intermedia. Alegó además falta de motivación en las providencias del 09 y 14 de abril.
En paralelo, el juzgado también rechazó un recurso similar presentado por la abogada Alba Meixner en representación de Ruh Medina y Carlos Bareiro, quienes plantearon que la fijación de audiencia generaba un perjuicio irreparable debido a la existencia de apelaciones pendientes y acciones de inconstitucionalidad vinculadas a la competencia del juzgado. A estos planteamientos se sumó un tercer recurso de reposición interpuesto por la defensa del procesado Andrés Arrúa, con argumentos coincidentes respecto a la supuesta necesidad de suspender el proceso.
Al analizar los tres planteamientos, el magistrado concluyó que no existe el agravio invocado por las defensas. Señaló que la apelación mencionada fue interpuesta contra una convocatoria anterior que ya fue suspendida, por lo que no incide sobre la nueva providencia que fija la audiencia preliminar. En consecuencia, afirmó que no se ve afectado el debido proceso, ya que la actual convocatoria responde a un acto procesal distinto.
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