La salida procesal que obtuvo el entonces diputado colorado José María Ibáñez, quien fue acusado por la fiscalía por pagar con dinero del Estado a sus “caseros de oro”, y la leve pena dictada contra el exsenador por la ANR Víctor Bogado, por el caso de su “niñera de oro”, son casos cuestionados a la Justicia por el mensaje que brindó ante el mal uso de los fondos públicos.
Los casos atribuidos a los legisladores del Partido Colorado José María Ibáñez y Víctor Bogado, quienes fueron acusados por al fiscalía de pagar con dinero público a sus caseros y a la niñera, respectivamente, terminaron con leves sanciones, que a su vez no guardaban proporción a la responsabilidad que ambos tenían, en su calidad de legisladores.
En el caso de Ibáñez, el político colorado junto a su esposa y los “caseros de oro” consiguieron la suspensión condicional del procedimiento, con la anuencia de la fiscalía, tras ser acusados de expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, cobro indebido de honorarios y frustración de la persecución penal.
Por su parte, Víctor Bogado fue beneficiado con una leve condena por cobro indebido de honorarios, en el caso de su “niñera de oro” Gabriela Quintana, quien figuraba como funcionaria de la Cámara de Diputados y como contratada de la Itaipú Binacional.
Tras cumplir con su exigua condena, Bogado fue precandidato a diputado de Asunción por el movimiento Honor Colorado, pero no logró ingresar a la lista final para pugnar por un escaño en la Cámara Baja. Sin embargo, su esposa Guadalupe Aveiro sí quedó como suplente en lista para la Cámara de Senadores.
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