Uno de los beneficios de la libertad de prensa es que la ciudadanía puede llegar a conocer, a través de los medios de comunicación, al menos algunos de los latrocinios que se cometen a diario en la función pública y la identidad de sus autores. El problema es que, por regla general, la constatación de un delito y la publicación respectiva no acarrean consecuencias penales para los autores, cómplices y encubridores. Se roba a mansalva, pero el Ministerio Público ni siquiera ha logrado que se inicie un solo juicio que concluya con la imposición de la pena correspondiente. ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de un Consejo de la Magistratura entre cuyos miembros figuran políticos tan averiados como Óscar González Daher (colorado) y Enzo Cardozo (liberal), este último procesado por lesión de confianza? ¿Qué se puede esperar si en una comisión nacional creada para la Reforma de la Justicia figura como miembro el diputado colorado Bernardo Villalba, quien aparece en un informe preparado en el propio Congreso como sospechoso de tener vínculos con el narcotráfico? Esta es nuestra triste realidad: jueces y fiscales están en manos de políticos y legisladores de negro pedigree.
Uno de los beneficios de la libertad de prensa es que la ciudadanía puede llegar a conocer, a través de los medios de comunicación, al menos algunos de los latrocinios que se cometen a diario en la función pública y la identidad de sus autores. Muchas veces las informaciones provienen de las nuevas autoridades de una entidad, que sacan a la luz los trapos sucios de sus antecesores, no solo porque el Código Procesal Penal les obliga a ello sino también porque quieren deslindar responsabilidades. Es saludable, sin duda, que hoy la corrupción pueda ser denunciada y que nadie se eternice en un...
En estas décadas democráticas, solo el exministro de Justicia y Trabajo Silvio Ferreira y el expresidente del SNPP Nicolás Dagogliano fueron condenados a prisión por el delito de lesión de confianza –robo de fondos públicos– en el ejercicio del cargo. El expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) Rubén Quesnel, acusado por el mismo delito, sigue impidiendo desde la cárcel de Tacumbú la apertura del juicio oral y público, tal como lo vienen haciendo desde hace años, pero gozando de plena libertad, los exjerarcas Camilo Soares, Gladys Cardozo, Enrique Salyn Buzarquis, Rafael...
En verdad, se roba a mansalva, pero el Ministerio Público ni siquiera ha logrado que se inicie un solo juicio que concluya con la imposición de la pena correspondiente. Más aún, en ninguno de los casos mencionados intervino de oficio, pues se limitó a esperar una denuncia formal, como si la prensa no le hubiera brindado indicios suficientes.
Precisamente, acaba de imputar por el delito de lesión de confianza al exdefensor del Pueblo Manuel Páez Monges, pero solo tras la denuncia efectuada este año por su sucesor, Miguel Ángel Godoy. La que formuló por el mismo hecho, en 2012, la delegada de la Defensoría del Pueblo, Norma Ferreira, había sido desestimada. Como viene ocurriendo con todos los nombrados, es de suponer que al flamante imputado también se le impondrán medidas alternativas a la prisión, tal como lo pidieron los fiscales Igor Cáceres y Josefina Aghemo, de modo que seguirá en libertad para recurrir a las consabidas...
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