El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe analizar la suspensión de la defensora general Noyme Yore Ismael, quien fue imputada por usurpación de funciones públicas. La Ley de la Función Pública ordena la suspensión en el cargo del funcionario imputado. El lunes la jueza Gricelda Caballero resolverá si admite o no la imputación.
El artículo 13° de la Ley N° 4423/2011, Orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, refiere acerca del defensor general que será elegido y removido según los mecanismos previstos para los magistrados. Es decir, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debe ser el encargado de suspender o remover a Noyme Yore Ismael, quien fue procesada porque usurpó atribuciones de la Corte Suprema de Justicia al nombrar abogados particulares como defensores públicos.
La suspensión de la defensora general es por mandato del artículo 42 de la Ley N° 1626/2000 de la Función Pública, que ordena: “Cuando un funcionario público fuera imputado de hechos tipificados como punibles será suspendido en el cargo por el tiempo que dure el proceso”.
La jueza penal de garantías Gricelda Caballero dijo el viernes pasado, tras recibir la imputación contra Yore Ismael, que el lunes resolverá si admite o no el procesamiento por usurpación de funciones públicas contra la defensora general Yore Ismael.
La imputación de los fiscales José Dos Santos y Josefina Aghemo refiere que la defensora general Noyme Yore Ismael se tomó atribuciones que no le competen al nombrar a tres abogados como defensores públicos que posteriormente actuaron en procesos penales en distintos juzgados de la República. La atribución para conformar ternas es prerrogativa del Consejo de la Magistratura y es la Corte Suprema la que designa a los defensores.
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