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El Puerto Fénix de Mariano Roque Alonso y las demás instalaciones portuarias privadas aledañas están sospechadas de ocupar en parte tierras fiscales, lo que debería ser dilucidado en un juicio de mensura y deslinde actualmente en curso en un juzgado de Luque.
El pleito judicial que afecta al “Puerto Narco”, como se le llama también a Puerto Fénix en la jerga naviera, fue promovido por un vecino al recinto portuario y le podría generar al Estado US$ 45 millones, según estimaron fuentes tribunalicias.
Se da como un hecho la continuidad del juicio de deslinde, a cargo de un juzgado luqueño en lo civil, pese a que en un principio la Procuraduría General de la República se había opuesto a su prosecución, acompañando la posición de la defensa de Puertos y Estibajes S.A., que es la empresa a cargo de la operación de Fénix. La Procuraduría, al frente de la cual se halla el Dr. Sergio Coscia, y se encarga de defender los intereses patrimoniales de la Nación, inicialmente se había manifestado renuente a convalidar la “Res Litis”, dando a entender que no aceptaba la jurisdicción del juzgado en el...
Pero ante la necesaria determinación y cuantificación de las tierras del Estado ocupadas presuntamente por los puertos privados, y por la magnitud de los recursos que podría recibir el Estado para satisfacer ingentes necesidades en salud y educación, el procurador no tiene otra salida que aceptar la continuación de la “Res Litis” para comprobar la exactitud de la denuncia efectuada por uno de los propietarios linderos de Puerto Fénix.
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