El juicio a un exjefe de Pemex amenaza con exponer años de supuesta malas prácticas en la compañía petrolera estatal y proporcionar un respaldo para que el presidente de México ponga cara a la corrupción gubernamental que ha prometido limpiar.
Alguna vez un símbolo de la autosuficiencia y el ingenio mexicanos, Pemex se vio cada vez más acosada por acusaciones de corrupción y problemas financieros, aplastada por una montaña de deudas e impuestos.
La extradición a México de Emilio Lozoya, exdirector general de la firma estatal entre 2012 y 2016, por cargos de corrupción ha permitido al presidente Andrés Manuel López Obrador identificar los problemas de la compañía y respaldar su afirmación de que gobiernos anteriores la llevaron a la ruina.
Tanto López Obrador como la nueva gerencia de Pemex enfatizan que han logrado romper con lo que describen como prácticas corruptas del pasado.
El juicio a Lozoya podría impulsar la buena fortuna de López Obrador en el período previo a las elecciones legislativas de mitad de período el próximo año. Aún así, crear un cambio duradero en la compañía probablemente resulte una tarea desalentadora, opinan analistas.
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