El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tiene previsto en su orden del día de mañana martes, analizar la sentencia para la jueza en lo civil Tania Carolina Irún, enjuiciada en el sonado caso de la Secta Moon, por haber entregado a empresas extranjeras tierras que están ubicadas en la zona de seguridad fronteriza y por haber intervenido en el juicio antes de ser notificada ya que la misma se encontraba con permiso de maternidad. Un dictamen de la Asesoría Jurídica del Jurado recomendó absolver a la magistrada. Hay fuertes presiones y elevados intereses económicos en juego.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) analizará y emitirá su sentencia en la causa N° 194/18 caratulada: “Abg. Tania Carolina Irún, jueza de primera instancia en lo civil y comercial del 15° Turno de la Circunscripción Judicial de la Capital s/ enjuiciamiento”. El caso tiene que ver con la actuación que le cupo a la jueza Irún en el expediente caratulado: “Cusabo Limited y otros s/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon) s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”.
Antes del análisis de la sentencia, el JEM debe resolver dos recusaciones que promovió el abogado Osvaldo Bittar, en representación de la Secta Moon, contra el presidente del Jurado senador liberal Fernando Silva Facetti y el ministro de Corte Luis María Benítez Riera.
El dictamen filtrado de la Asesoría Jurídica del JEM recomienda: “En consecuencia, conforme al análisis expuesto en los párrafos precedentes, en el sentido de que la jueza Tania Irún, en la contestación a su enjuiciamiento, ha podido justificar, por vía de la interpretación, que la supuesta violación a la Ley N° 2532/2005 en la que habría incurrido al hacer lugar a la demanda por la totalidad de los inmuebles, inclusive por los que se encontraban en zona de seguridad fronteriza –según el informe del Servicio Nacional de Catastro-, se trata de una cuestión de interpretación de normas...
Según la denuncia contra la jueza Tania Irún, la misma entregó a cuatro empresas off-shore de Islas Vírgenes y Chipre, unas 300.000 hectáreas en el departamento de Alto Paraguay, que tendrán una avaluación de US$ 500 millones, y que estarían dentro de la franja de seguridad fronteriza.
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