Lici Sánchez tiene en su poder el futuro de la investigación, ya que la Fiscalía pidió que sea desestimada, porque no puede comprobar que la operación de Tabesa esté relacionada con el terrorismo.
Tras el pedido de desestimación por parte de la Fiscalía de la polémica causa del avión iraní y su relación con Tabacalera del Este SA (Tabesa) y el terrorismo, la continuidad de la investigación está en manos de la jueza Lici Sánchez, que debe decidir si dar lugar o no a la solicitud, ingresada hace dos semanas. Los fiscales que buscan la desestimación, Jorge Cabrera y Francisco Cabrera, alegan que no es posible probar que la operación que Tabesa realizó ese día esté ligada al terrorismo.
El caso se remonta a la noche del 13 de mayo de 2022, cuando ingresó al país la aeronave con una tripulación de 18 personas, de las cuales siete eran de nacionalidad iraní y once de nacionalidad venezolana, quienes supuestamente tenían vínculos con grupos terroristas de las fuerzas Quds iraníes, en el momento de las primeras versiones. Posteriormente, se verificó que ninguna persona tenía antecedentes.
El avión con matrícula venezolana YV3531, propiedad de la empresa Emtrasur, aterrizó por una carga de 7.086 cajas de cigarrillos que tenían como destino final Aruba. Ante la gravedad del caso, Gustavo Sandoval, subdirector de seguridad de la Aviación Civil, y el entonces ministro secretario de la Senac, René Fernández, radicaron las denuncias que dieron origen a la causa penal.
El transporte de cigarrillos, bajo categoría de operación de traslado de mercadería de exportación, contaba con una autorización no regular otorgada por la Dinac. Aunque ese no fue el único hecho que relacionaba a la aeronave con el crimen organizado y el terrorismo. En Paraguay, los tripulantes fueron trasladados por Mavani, empresa de Ezequiel Santoro, un uruguayo ligado a Sebastián Marset en el Operativo A Ultranza Py.
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