Según la denuncia, la jueza de Paz Liliana González de Bristot resolvió procesos y la ejecución del embargo a tres víctimas de la mafia de pagarés, residentes en Alto Paraná, sin tener jurisdicción.
La abogada Fanny Sosa, que representa a un grupo de víctimas de la mafia de pagarés residentes en el Departamento de Alto Paraná, presentó ayer una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Paz de San Roque de la capital, Liliana González de Bristot, por mal desempeño en sus funciones, asociación criminal, uso de documento con contenido falso y otros. Al respecto, la abogada relató que el salario de sus defendidos fueron embargados en un juicio fraudulento que nos le dio ni tiempo para la defensa y que se iniciaron los procesos con pagarés que no...
El Juzgado de Paz de San Roque es uno de los tres juzgados intervenidos por disposición de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras las denuncias masivas de víctimas de la mafia de los pagarés.
Se trata de un esquema corrupto de doble cobro vía judicial, en que son ejecutados pagarés ya cancelados o documentos con contenidos falsos o fraudulentos, para realizar los descuentos compulsivos de los salarios de las víctimas, generalmente trabajadores públicos como docentes, enfermeros, jubilados, policías, entre otros. Aunque también existen víctimas del sector privado.
Sobre el punto, la abogada Sosa destacó que el juicio ejecutivo contra sus clientes fueron inventados con documentos que ellos nunca firmaron, lejos de su residencia para que ellos no puedan defenderse, ya que no fueron notificados del proceso. “Creemos conveniente que el eslabón principal, que es la jueza, tiene que ser también investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, remarcó la abogada.
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