El juez Carlos Hermosilla, uno de los integrantes del tribunal que atendió el caso de María Esther Roa, explicó que la solicitud de castigo presentada por el Ministerio Público contra la activista no era ajustada, ya que se basó en un decreto, no en una ley.
“El Ministerio Público pretendió establecer sus alegatos en base a las normativas en ese momento decretadas. La conducta atribuida a una pesona, tiene que ser específica y puntual, basada en una ley”, explicó Hermosilla en diálogo con Enfoque 800 a través de La Unión.
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Recordó que las medidas establecidas vinculadas a restricciones por cuarentena sanitaria fueron estipuladas por decreto del Poder Ejecutivo, no por una ley, por lo cual “no cabía” un castigo por la comisión de hecho punible en caso de su incumplimiento
El Tribunal de Sentencia que atendió el caso estuvo presidido por el juez Hermosilla y conformado también por los magistrados Héctor Escobar y Sandra Farías.
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