Una revisión exhaustiva de resoluciones emitidas por los juzgados de garantías del Alto Paraná revela una preocupante práctica judicial: la concesión sistemática de penas blandas y medidas sustitutivas a personas procesadas por crímenes relacionados con el narcotráfico. Aunque estas figuras jurídicas existen para garantizar los derechos de los imputados, su aplicación en casos de alta […]
Jueza de garantías Fátima Burró (hoy flamante camarista), una de las más cuestionadas.
Una revisión exhaustiva de resoluciones emitidas por los juzgados de garantías del Alto Paraná revela una preocupante práctica judicial: la concesión sistemática de penas blandas y medidas sustitutivas a personas procesadas por crímenes relacionados con el narcotráfico. Aunque estas figuras jurídicas existen para garantizar los derechos de los imputados, su aplicación en casos de alta lesividad social genera una percepción creciente de impunidad en una región clave para el tráfico de drogas en Paraguay.
La Ley 1340/88, que regula los hechos punibles vinculados al tráfico y consumo de estupefacientes, establece un régimen severo para enfrentar este flagelo. No obstante, jueces de garantías en Alto Paraná recurrieron de forma reiterada a medidas como el arresto domiciliario, la suspensión condicional del procedimiento o la suspensión a prueba de la pena, incluso en casos donde se constata la existencia de redes de microtráfico y tráfico de drogas con agravantes.
En esta cuestionable tendencia judicial destacan casos como los de José Enmanuel Ledesma Martínez, Ángel Quebecht Paredes Rojas e Inchon Derlis Wong Martínez, todos ellos beneficiados con arresto domiciliario mientras enfrentaban procesos por violaciones previstas en la Ley 1340. La misma suerte corrieron Lucas Moisés Riquelme Casco, David Gustavo Acosta Vera y Favián Vera Franco, quienes fueron condenados con suspensión condicional de la pena o a prueba, medidas usualmente orientadas a delitos menores, no al narcotráfico.
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