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Jueces afirman que carecen de recursos para cumplir con nueva ley de adopciones - Nacionales - ABC Color

Jueces afirman que carecen de recursos para cumplir con nueva ley de adopciones - Nacionales - ABC Color

Los Magistrados de la Niñez y la Adolescencia del Paraguay expresaron hoy su preocupación por la falta de recursos para aplicar la nueva ley de adopciones. Advirtieron que la carencia de asesores técnicos y recursos económicos evitará el cumplimiento de los plazos máximos previstos por la normativa, perjudicando así el derecho del niño a vivir en familia, biológica o adoptiva.

Los miembros de la Coordinadora de Magistrados de la Niñez y la Adolescencia y penal de la Adolescencia del Paraguay se reunieron esta mañana para analizar la recientemente promulgada Ley 6486/20, “De promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción”.

Tras un largo debate, concluyeron que la normativa presenta “grandes desafíos” de índole procesal y de coordinación interinstitucional, entre organizaciones sociales y jurisdiccionales. Celebraron que la ley determine las competencias de cada actor, pero expresaron su “profunda preocupación” por la falta de recursos de las instituciones involucradas en la aplicación de la ley que irremediablemente afectará “la celeridad del proceso”.

En ese sentido, aseguraron que la carencia de recursos afectará la capacidad de cada institución en perjuicio del derecho del niño a vivir en familia, biológica o adoptiva. La doctora Rosa Yambay, presidenta de la Coordinadora, señaló que las tres instituciones involucradas por la ley carecen de equipos técnicos especializados y requieren con urgencia asesores de Justicia especializados. Destacó que la contratación de dicho personal está previsto desde el Código de la Niñez, pero hasta la fecha siguen sin ser concretado.

Añadió, por ejemplo, que la Dirección de Cuidados Alternativos de la Niñez apenas cuenta con dos funcionarios que ahora deben estar a cargo del proceso de búsqueda y localización de la familia nuclear o ampliada de los niños o adolescentes, que anteriormente se llevaba a cabo en un plazo de 180 días corridos, pero con la nueva ley ese tiempo se redujo a 45 días.

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