El Ministerio Público atribuye al superintendente de Bancos haber convalidado una presunta venta simulada de cartera por US$ 74,4 millones y haber retenido una advertencia técnica. Según el documento fiscal, la falta de medidas permitió que la entidad siguiera captando depósitos hasta el colapso de su solvencia.
El superintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán Ibarrola, habría tenido conocimiento desde el 29 de abril de 2026 de que los créditos de Ueno Bank a un grupo de empresas vinculadas superaban los límites establecidos. Según la Fiscalía, no adoptó las medidas que correspondían para corregir las irregularidades. El documento fiscal sostiene que esa omisión permitió que la entidad siguiera captando ahorros mediante campañas comerciales agresivas hasta el 2 de noviembre, cuando colapsó su solvencia.
La investigación pone bajo examen el ejercicio de la supervisión bancaria y la respuesta a las advertencias sobre operaciones que comprometían la situación patrimonial de la entidad. Para el Ministerio Público, Insfrán habría tenido una intervención directa y determinante en la materialización del perjuicio al incumplir sus deberes de protección de la integridad del sistema financiero y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Según el relato fiscal, las irregularidades involucraban al Grupo de Personas Vinculadas N.º 1.535, integrado por Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A. Los créditos concedidos a esas empresas superaban el 30% del patrimonio efectivo de Ueno Bank.
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