En el marco de un amparo constitucional, entablado por Liz Karina Silva, contra el Instituto de Previsión Social (IPS), el juzgado en lo civil y comercial del sexto turno de Ciudad del Este, dispuso que el ente previsional articule los mecanismos administrativos para el suministro del tratamiento médico denominado yodoterapia. El decisorio judicial se dictó […]
En el marco de un amparo constitucional, entablado por Liz Karina Silva, contra el Instituto de Previsión Social (IPS), el juzgado en lo civil y comercial del sexto turno de Ciudad del Este, dispuso que el ente previsional articule los mecanismos administrativos para el suministro del tratamiento médico denominado yodoterapia. El decisorio judicial se dictó en diciembre último y no se cumple.
El 18 de diciembre del año pasado, el juzgado de marras dictó la sentencia definitiva número 452, en el marco del proceso entablado con sustento en un diagnóstico médico determinado como “cáncer papilar de tiroides con MTS Gangliones”. El proceso se inició en octubre cuando derivaron al paciente al Hospital Ingavi, donde fue sometido a cirugía por los profesionales especializados en el área.
El procedimiento médico fue exitoso, pero el paciente precisó un tratamiento ablativo con 1131 100 MCI por única vez y es este tratamiento el que IPS dice no contar. Solo sugirieron el mismo en un conocido instituto privado de la capital del país.
El único centro médico que cuenta con el citado tratamiento tiene un costo de G. 10.985.000, monto que la asegurada, una trabajadora doméstica con salario mínimo, no cuenta, pero mensualmente, la patronal realiza los descuentos y abona en tiempo y forma por el seguro médico desde hace ocho años.
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