El interventor Pablo Vera, quien lleva adelante la auditoría a la Gobernación del Guairá después de que el gobernador Juan Carlos Vera Báez (ANR, cartista) fuera apartado del cargo por denuncias de corrupción, tiene prohibición de operar en bancos, por lo que no puede firmar cheques para disponer de los recursos de la institución. La sanción fue impuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP) por haber emitido cheques sin fondos.
El interventor designado por el Poder Ejecutivo, Pablo Adriano Vera Insaurralde, para intervenir la Gobernación del Guairá, tras denuncias de corrupción y despilfarro de los US$ 2.000.0000 de los fondos COVID-19 bajo la administración del hoy apartado gobernador Juan Carlos Vera Báez (ANR, cartista), tiene una sanción vigente de prohibición de operar con bancos por haber emitido cheques sin fondos; por ende, no puede firmar, es decir, no puede disponer de los recursos de la Gobernación.
La sanción fue impuesta en el 2014 por tres años, hasta el 2017, por el Banco Central del Paraguay (BCP); sin embargo, pese a que ya concluyó, no se realizaron los trámites para levantar la medida.
Al respecto, Vera Insaurralde argumentó que se trata de una sanción impuesta por el BCP por unos cheques que no pudo cubrir en su totalidad en el 2014 correspondientes a la compraventa de vehículos cuando ya no formaba parte de la función pública.
“Esa sanción ya tuvo su tiempo, fueron tres años de inhabilitación para operar con cuentas corrientes, tenía que haber sido levantada ya en el año 2017. Con respecto a esos cheques, era algo personal, yo dejé de ser funcionario público en el año 2010, durante ese tiempo yo me dediqué a la profesión y cosas particulares y en ese ínterin fue la sanción por no poder cubrir 10 cheques de G. 5 millones. Me dedicaba a la compraventa de vehículos y comercios varios, tenía mi local de vehículos sobre Mcal. López, me llegó la crisis y no pude aguantar”, alegó Vera.
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