En su primer periodo como intendente (2010-2015), Mendoza habría cometido un perjuicio patrimonial millonario. El político es uno de los tantos intendentes imputados en el país que aprovechando la pandemia operó en el mes de junio solicitando la extinción de su causa.
En una maniobra con el ujier, solo la defensa había sido notificada para que el pasado 23 de junio se presente ante el juez. La fiscala María José Pérez, sin embargo, tenía entendido que la fecha para realizar la diligencia para Mendoza era el 25 de junio, pues no fue notificada de cambio alguno.
Enterada de esto, solicitó al juzgado penal que no haga lugar al incidente “de extinción de juicio” solicitado por el cuestionado intendente.
Pérez dijo que los incidentes no son nuevos en este caso, por lo que por fin pudo realizar la acusación. La audiencia en el juzgado de San Lorenzo se finiquitó ayer.
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