Las reveladoras respuestas de la Cancillería al pedido de informes solicitado por la Cámara de Diputados sobre de qué forma aquella entiende el verdadero significado jurídico del Derecho de Adquisición Preferente (DAP) acaba por confirmar que durante 49 años los asuntos de Itaipú han sido manejados por ineptos y entreguistas.
Impulsado por el diputado Sebastián Villarejo (PPQ), este informe desnudó las peligrosas falencias en la gestión poco institucional de las autoridades encargadas de llevar adelante los negocios de Itaipú y Yacyretá.
Para Cancillería –apoyada en su Grupo Asesor Técnico y la ANDE– el DAP del Artículo XIII obliga al Paraguay a ceder su electricidad no consumida en su territorio. Aseguran que no hay posibilidad de vender, hasta modificar el Tratado. Esta posición oficial lo sueltan a diario, sin apego a doctrina jurídica alguna, siquiera al sentido común. Son simples opiniones interesadas sin respaldos en conocimientos.
Una de las preguntas consultaba si “el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó dictámenes a prestigiosos consultores jurídicos internacionales, y de nuestro país, sobre el alcance y la naturaleza que la doctrina describe sobre la figura jurídica del “derecho de adquisición preferente” y sus principales subtipos”. La respuesta fue que “. impulsó la constitución de una Comisión multidisciplinaria de expertos nacionales para el análisis del proceso de Revisión del Anexo C. En esta comisión se trabajó en conjunto con otras instituciones públicas en el marco de los Grupos de Trabajo del...
Recordemos que la improvisada conformación de esta comisión fue una apresurada respuesta política del Ejecutivo para aliviar la tremenda presión ciudadana que sobrevino luego del destape del affaire del acta bilateral del 2019. Esta no se originó como una calculada y genuina iniciativa de Cancillería orientada para proponer las mejores estrategias que balanceen los beneficios en Itaipú.
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