El estudio que determina la Capacidad para Combatir la Corrupción reveló malos resultados en países como Guatemala, México y Brasil, mientras que Venezuela y Bolivia mantienen los peores rendimientos
En la última década el flagelo de la corrupción se extendió en América Latina a niveles prácticamente sin precedentes. Luego de masivas expresiones populares de rechazo en varios países, comenzó a convertirse en uno de los temas prioritarios en la agenda de la región. Durante el año pasado, la lucha contra la corrupción presentó un panorama heterogéneo,
El informe, publicado conjuntamente por Control Risks y la Americas Society/Council of the Americas (), evalúa y clasifica a 15 países de América Latina en función de su capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción. El estudio se lleva a cabo utilizando datos disponibles públicamente, y realizando una encuesta propia en la que se pide a expertos de la región que evalúen una serie de factores, como la independencia de los tribunales, la solidez de las instituciones democráticas y la libertad de los periodistas de investigación.
Algunos países presentaron avances, mientras que otros, entre los que se destacan México y Brasil, sufrieron nuevos retrocesos en instituciones clave. Asimismo, el reporte señala que, para muchos ciudadanos de la región, la lucha contra la pandemia de coronavirus y los problemas económicos como la inflación, agravados por la guerra en Ucrania, han tomado prioridad sobre la corrupción.
“Muchos gobiernos de la región han relegado las reformas anticorrupción como una prioridad menor. En consecuencia, muchos de los poderes judiciales y organismos anticorrupción de la región han tenido dificultades en comparación con lo ocurrido a mediados de la década de 2010, cuando el movimiento anticorrupción gozaba de mayor apoyo popular y atención gubernamental”, indica el informe publicado este miércoles.
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