Dos familias en situación de vulnerabilidad fueron víctimas de al menos ocho personas que se alzaron con G. 725 millones de los G. 800 millones que la ANDE les concedió en concepto de indemnizaciones por la electrocución de dos obreros y ya hay imputaciones por el caso. ¿Qué es lo que se descubrió…
El Ministerio Público investiga el desembolso irregular y el desvío de una millonaria suma destinada a dos familias de escasos recursos del Departamento de Caaguazú, en concepto de una compensación por la pérdida de sus seres queridos en un accidente laboral.
Las diligencias están encabezadas por la fiscala Norma Salinas y se apuntan a unas ocho personas detrás de los presuntos hechos punibles de apropiación, lesión de confianza y estafa. Este martes la representante del Ministerio Público imputó a la funcionaria de la Cámara de Diputados, Anadelia Acosta Armoa, y al abogado Darío Aquiles Flores por supuesta apropiación, lesión de confianza y estafa.
Aquí te dejamos el paso a paso de cómo se inició esta historia que afecta a dos familias.
Antonio Acosta Contrera, de 53 años, y Marino Ramírez Casco, de 43 años, se desempeñaban como obreros cuando el pasado 2 de agosto perdieron la vida mientras realizaban trabajos de alambrado en un inmueble rural del barrio Santa Librada, ex Jaguakai, distrito de Caaguazú.
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