Los fiscales Osmar Legal y Federico Delfino, quienes investigan la fuga de 76 convictos de la cárcel de Pedro Juan Caballero, ocurrida el 19 de enero último, confiscaron ayer el contrato firmado para el monitoreo y las filmaciones del circuito cerrado, en busca de supuestos cómplices que operaron desde el Ministerio de Justicia.
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Las dependencias del Ministerio de Justicia en las que se produjeron las intervenciones de fiscales fueron las de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Monitoreo y la Dirección de Institutos Penales.
En la causa hay hasta el momento 32 funcionarios de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero que están imputados, por la presunta comisión de los hechos punibles de liberación de presos, asociación criminal y frustración a la persecución y ejecución penal. Entre los procesados se encuentra quien fuera director del reclusorio en el momento del escape, Cristian González.
“Ellos pidieron los documentos de contrato para el monitoreo, vinculado a las denuncias que se habían formulado con los eventuales planes de rescate o episodios ocurridos en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero”, explicó ayer la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.
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