Se pide arresto domiciliario para Miguel Prieto y otros implicados, por lesión de confianza por un perjuicio patrimonial estimado por la fiscalía, de G 1.700 millones.
El Ministerio Público ha imputado al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con varios funcionarios de la Municipalidad, por su presunta implicación en una compra irregular de víveres durante la pandemia de Covid-19, cometiendo así el delito de lesión de confianza y ocasionando un perjuicio patrimonial. La sospecha del Ministerio público es que los víveres no fueron entregados.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia han formulado la imputación en la capital del país, Asunción, tras investigar las actuaciones llevadas a cabo por Miguel Prieto y otros empleados municipales.
Según los hechos presentados por la fiscalía, Miguel Prieto, en su rol de intendente, y Maggi Fariña, responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones, habrían realizado una convocatoria para la adquisición de cestas básicas destinadas a familias de escasos recursos, como parte de las medidas de emergencia implementadas debido a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, la fiscalía sostiene que el intendente utilizó esta situación de emergencia como una supuesta «urgencia impostergable» para adquirir los productos sin seguir los procedimientos requeridos.
La empresa Tía Chela SRL fue seleccionada para la licitación, siendo la única que presentó oferta tras recibir invitaciones de la Unidad Operativa de Contrataciones. Sin embargo, el Ministerio Público ha recopilado pruebas que indican que Tía Chela no tenía en su inventario la totalidad de los productos ofertados para el 23 de marzo del 2020, y tampoco presentó documentos que acrediten su capacidad material, técnica o financiera para cumplir con el contrato de un monto significativo de G 2.949.650.000.
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