Casi sin darnos cuenta y mientras el Gobierno se incendiaba en medio de ataques narcos y fulminantes cambios de gabinete, el Congreso sancionó la denominada “reforma tributaria” que, bajo el ropaje de algunas adecuaciones técnicas en la estructura impositiva, esconde su urgente necesidad de una mayo
Impuestazo o violación de la ley 5.098 de responsabilidad fiscal, tristes opciones para un gobierno cada vez más débil.
Casi sin darnos cuenta y mientras el Gobierno se incendiaba en medio de ataques narcos y fulminantes cambios de gabinete, el Congreso sancionó la denominada “reforma tributaria” que, bajo el ropaje de algunas adecuaciones técnicas en la estructura impositiva, esconde su urgente necesidad de una mayor recaudación para arcas permanentemente exangües.
Hubo algunas explicaciones muy racionales sobre cierta modernización de los esquemas tributarios, que han sufrido sucesivas adaptaciones a lo largo de los años con retoques que lo han ido complejizando en lugar de darle mayor sencillez y eficiencia. Pero en realidad, esa es la pantalla tras la cual yace el móvil real de esta movida.
El Gobierno está hasta el cuello de obligaciones fiscales. Su tope del 1,5% de déficit sobre el Producto Interno Bruto ha sido puesto en jaque con varios amagues para traspasarlo y superar incluso el 2% que dejaría el PGN fuera de las normas establecidas por la ley de responsabilidad fiscal y que son bien claras: “Asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, teniendo como meta resultados fiscales que no causen efectos negativos sobre la estabilidad macroeconómica, preservando el equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos”.
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