El Tribunal del Sistema Interamericano de DDHH dice que el Estado no es responsable de la supuesta desaparición forzada y tortura que denunciaron los ex integrantes del partido Patria Libre.
Ambos, imputados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi (2001) y declarados en rebeldía por no comparecer en este proceso, se encuentran como refugiados políticos en el Brasil, desde diciembre de 2003.
Los dos demandaron al Estado paraguayo por supuesta desaparición forzada de la que dicen haber sido víctimas en manos de agentes del Estado y por la que reclamaban una indemnización de USD 50 millones cada uno, más USD 23 millones para sus familias.
Según los ex activistas políticos, el 15 de enero de 2002 fueron detenidos por hombres armados vestidos de civiles, quienes los habrían golpeado, asfixiado e interrogado sobre el secuestro de María Edith Bordón y la organización Patria Libre.
Ellos habrían permanecido detenidos hasta el 30 de enero, cuando fueron encontrados en una casa de Villa Elisa.
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