La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez había conformado un equipo de fiscales para la investigación del robo de medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS), con Claide Acosta, Osmar Legal y Diego Arzamendia. A tres semanas de que se haya denunciado el hecho no se individualizó y mucho menos se le imputó a […]
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez había conformado un equipo de fiscales para la investigación del robo de medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS), con Claide Acosta, Osmar Legal y Diego Arzamendia. A tres semanas de que se haya denunciado el hecho no se individualizó y mucho menos se le imputó a nadie por la venta ilegal de midazolam en plena pandemia. La ciudadanía exige resultados al Ministerio Público, que hasta ahora es incapaz de dar respuesta a la sociedad a la que representa.
El 5 de marzo pasado, la fiscala Claide Acosta se había constituido en la Dirección de Administración de Suministros médicos del IPS, de donde recabó documentos concernientes a la utilización de medicamentos, específicamente de ampollas de Milazodan, supuestamente comercializados en Asunción este año.
A la fiscala le informaron que, en diciembre del 2020, ingresaron 21.872 unidades de milazodan, distribuidas a tres farmacias del ente previsional.
El 8 de marzo, se unieron a la fiscala Acosta, Omar Legal y Diego Estigarribia, de la unidad anticorrupción.
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