Hay una constante que se repite cada año en el Parlamento con respecto a los pedidos de intervención de municipios: El voto por la impunidad. Jefes comunales de Tomás Romero de Pereira, Carapeguá y San José del Rosario, en la mira por informes de la Contraloría General de la República, y otros, incluso, bajo la investigación de la Justicia, han sido salvados en la Cámara de Diputados, que es la instancia que debe prestar su acuerdo constitucional para la intervención o no por parte del Poder Ejecutivo. En uno de estos casos, el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, cuyo hermano es el diputado José Domingo Adorno, habría adquirido un vehículo con un cheque a nombre de la Municipalidad de Puerto Casado, pero el vehículo fue adquirido a nombre del intendente y no del Ejecutivo Municipal. Diputados también rechazaron un pedido de intervención de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, donde ejerce como intendente el padre del senador colorado Hernán Rivas. Claramente quedó demostrado esto cuando el mismo presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, al opinar sobre la imputación al intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, procesado por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa “Detergentes de oro”, anunció que si fuera solicitada la intervención de la Municipalidad de Asunción, él pedirá la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Hay una constante que se repite cada año en el Parlamento con respecto a los pedidos de intervención de municipios: El voto por la impunidad. Son demasiados los casos y algunos de ellos, muy groseros, en los que intendentes y concejales dejan de ser verdaderamente servidores de los vecinos para quienes deben trabajar. Precisamente quienes deberían ser el gobierno que está más cerca de la gente acumulan denuncias nunca aclaradas, pero siempre acalladas por pactos políticos de impunidad en el Parlamento.
El gobierno municipal de Asunción, el de Óscar Nenecho Rodríguez, no es la única administración que está en tela de juicio. A lo largo y ancho de la República, intendentes son cuestionados, pero eficientemente blanqueados en la Cámara de Diputados, que es el lugar donde terminan las posibilidades de transparentar las administraciones cuestionadas, es ahí donde se frenan los pedidos de intervención. El corporativismo funciona como una maquinaria bien engrasada y se impone con pactos políticos que dé impunidad.
Jefes comunales de Tomás Romero de Pereira, Carapeguá y San José del Rosario, en la mira por informes de la Contraloría General de la República, y otros, incluso, bajo la investigación de la Justicia, han sido salvados en la Cámara de Diputados, que es la instancia que debe prestar su acuerdo constitucional para la intervención o no por parte del Poder Ejecutivo.
En uno de estos casos, el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, cuyo hermano es el diputado José Domingo Adorno, habría adquirido un vehículo con un cheque a nombre de la Municipalidad de Puerto Casado, pero el vehículo fue adquirido a nombre del intendente y no del Ejecutivo Municipal. Ese pedido de intervención quedó archivado. Diputados también rechazaron un pedido de intervención de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, donde ejerce como intendente el padre del senador colorado Hernán Rivas.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
