En un paso fundamental hacia una gestión pública más eficiente y eficaz, el gobierno del presidente Santiago Peña promulgó la ley 7278, que regula la organización administrativa del Estado. Esta ley busca transformar la gestión de los ministerios y organismos del Estado bajo principios que caracterizan la gestión promovida por el presidente, como el trabajo coordinado entre las instituciones, la gestión por resultados y la lógica de trabajo.
La ley establece que la mayor parte del presupuesto de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo debe ser destinado a sus roles misionales, y no a asesorías y gastos administrativos. Además, impone barreras para crear instituciones nuevas, solo cuando las necesidades de los ciudadanos así lo indiquen. También permite que las instituciones se apoyen mutuamente en aquellas con recursos más amplios.
El asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, destacó que es un día importante para el derecho público y administrativo paraguayo, ya que modifica la ley de 1909 y establece bases racionales y modernas para la regulación del Estado paraguayo.
Entre los principios clave de la ley se encuentran la necesidad en la creación de entes públicos, la excepcionalidad en la creación de nuevas instituciones, la no duplicación de funciones y la gestión pública por resultados. La ley también establece la obligación de que los gastos misionales sean superiores a los gastos corrientes y administrativos.
Además, la ley crea una plataforma de transparencia para que la ciudadanía pueda seguir el progreso de la implementación de esta ley. También introduce el concepto de rectoría sectorial, que busca coordinar las políticas públicas en áreas específicas, como la energía y los hidrocarburos.
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