Las gobernaciones del país realizaron un verdadero festín con los US$ 2.000.000 (G. 12.764 millones) del “fondo covid” que les fueron entregados para la reactivación económica. Los jefes departamentales entregaron esos recursos a ONG que, en su mayoría, estaban vinculadas a ellos. El gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, hasta ahora, es el único imputado por un presunto desvío de ese dinero público. Los demás siguen impunes.
El gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, hasta ahora es el único imputado por el presunto uso fraudulento de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones). Es porque el jefe departamental habría justificado el desembolso de esos fondos públicos al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, y al Consejo Regional de Salud, a cargo de Hugo Cabrera, presuntamente con facturas clonadas.
Además, González pagó por obras ya realizadas. Es decir, habría existido una doble facturación, según informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Contraloría General de la República (CGR).
El gobernador argumentó en su defensa que la rendición de cuentas estaba a cargo de las ONG beneficiadas. Sin embargo, el dinero público fue entregado pese a que la entidades no estaban habilitadas para realizar obras, dicen los reportes.
González, luego del escándalo, recurrió a licitaciones para el uso del segundo millón de dólares, G. 6.382 millones. Coincidentemente contrató a las mismas empresas a las que las ONG beneficiadas habían contratado, a finales del año 2020.
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