AREGUÁ. El departamento de Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) realizó la verificación in situ de las 14 obras hechas por la ONG “Centro Integral de Apoyo Profesional” (CIAP) por G. 5.105 millones, dinero que forma parte del fondo de emergencia por covid-19 consistente en US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales de 2020) que el Ejecutivo desembolsó a la Gobernación de Central para la reactivación económica durante la pandemia. En el informe aparece una senda de anomalías que el gobernador Hugo Javier González (cartista) no pudo justificar en su descargo.
La Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) presentaron la semana pasada el informe final de la auditoría hecha referente al uso de los G. 6.382 millones y se ratificaron en la catarata de irregularidades que ya aparecieron en el informe preliminar, base de la denuncia penal que la Senac y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) presentaron el 8 de julio ante el Ministerio púbico. Pero el fiscal de la causa, Rodrigo Estigarribia, hasta ahora no procesó a nadie.
El gobernador cartista y exanimador de fiestas, Hugo Javier González, entregó G. 5.105 millones a la ONG CIAP, presidida por Tadeo Álvarez, para la realización de obras de infraestructura y pavimentación. Pero la fundación no está habilitada para llevar a cabo obras de infraestructura y viales, según su estatuto.
El Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera, también se benefició con G. 1.276 millones, sin embargo, la organización ni siquiera está reconocida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), dicen los auditores.
Entre las observaciones, Tadeo Álvarez, árbitro de profesión, fungía de ingeniero y firmó todos los certificados de obras que debieron ser firmados por un ingeniero civil o arquitecto.
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