De esta manera, se dispuso la realización de un nuevo juicio oral contra la ex ministra y la conformación de otro Tribunal de Sentencia para su juzgamiento.
En la ocasión, el juez Héctor Capurro refirió que en el desarrollo del juicio oral y público no quedó demostrado el perjuicio patrimonial causado a la SEN, por lo que calificó como deficiente el trabajo realizado por la fiscala Victoria Acuña.
De la misma manera, el magistrado señaló que la imputación se basó en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) pero no reunió otros elementos para comprobar que haya existido la sobrefacturación de 2.482.950.000 guaraníes, en el Gobierno de Fernando Lugo, en la compra de provistas.
Además, precisó que la fiscala tampoco ordenó la realización de ninguna pericia contable para adjuntar a su carpeta investigativa.
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