Lo que debía ser una infraestructura estratégica para garantizar el acceso al agua potable en el Chaco terminó convertida en
Lo que debía ser una infraestructura estratégica para garantizar el acceso al agua potable en el Chaco terminó convertida en un caso paradigmático de gestión ilícita, donde el Estado pagó más, esperó casi una década y renunció a ejercer su rol de contralor, mientras el contratista avanzaba amparado en convenios modificatorios sucesivos, según el lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR), que seguimos desplegando.
Según la CGR, el Contrato S.G. Ministro N° 362/12, firmado en noviembre de 2012 entre el MOPC y el Consorcio PS, establecía condiciones precisas: un monto de ₲ 30.948 millones, un plazo de ejecución de 12 meses y requisitos técnicos previos obligatorios. Entre ellos, uno central: la visita técnica formal y obligatoria a la zona de obras, prevista en múltiples secciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).
Esta exigencia no era un trámite burocrático. Su finalidad era asegurar que el oferente conociera el terreno, las condiciones climáticas, los accesos, los riesgos hidrológicos y el alcance real de la obra, para formular una oferta seria, responsable y ajustada a la realidad.
La auditoría es contundente: no existe constancia documental de que dicha visita haya sido realizada, y el MOPC tampoco pudo demostrar que haya exigido ese cumplimiento ni que haya formulado reclamo alguno al contratista. Desde el primer acto, el contrato se ejecutó en abierta contradicción con sus propias reglas.
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