Friedrich A. Hayek escribió en su libro Camino de Servidumbre: “Un monopolio estatal estará siempre protegido por el gobierno contra la competencia potencial y la crítica eficaz”. La preocupación del filósofo de la libertad y Nobel de Economía está plenamente justificada por cuanto que los gobiernos, apenas tienen la oportunidad de avanzar en ciertos negocios, no cesan en sus intentos por proveer un producto o servicio mediante su absoluto control.
El monopolio que para su implementación requiere de la protección estatal mediante la aprobación de una ley, si se siguen los requisitos formales de la democracia, se convierte de esa manera y muy pronto en un serio problema para la salud económica y financiera de cualquier país. Y también en una amenaza para las instituciones de la democracia.
Desde el punto de vista económico, los monopolios son proclives a elevar la deuda pública y el riesgo financiero. Estos serios contratiempos ocurren aun cuando el monopolio provee de ciertos bienes que cuentan incluso con la compra asegurada por parte del mercado.
El ejemplo lo tenemos en nuestro país con Petropar. Esta “empresa” elevó exponencialmente a más de doce veces su deuda con la petrolera venezolana PDVSA durante los gobiernos de Duarte Frutos y de Fernando Lugo. Bastó que el Poder Ejecutivo apruebe por sí mismo la aplicación de tasas punitorias del 18 por ciento por el atraso en los pagos por parte de Petropar y sin consulta al Congreso. A muchos les encantan estos tipos de “negocios”. El lema resulta estimulante: ¡todas las pérdidas, cuentas y deudas a pagar se hacen con cargo a los contribuyentes!
Los monopolios también afectan negativamente a las instituciones políticas de la democracia. Además de que no cierran los balances y estados contables, la provisión y hasta comercialización de algún bien o servicio bajo la protección del gobierno hace que los administradores de turno cuenten con un poder desmedido, exacerbando las conductas arbitrarias y populistas, originando las detestables riquezas mal habidas de cuantos funcionarios participan en el festín de las licitaciones y en el otorgamiento de permisos especiales.
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